¿Fin de la okupación? La nueva ley antiokupas 2025 promete cambios, pero…

Recuperar una vivienda ocupada siempre ha sido un calvario legal. Promesas de juicios rápidos, desalojos exprés y sanciones más duras suenan bien en el papel, pero ¿realmente funcionará la nueva ley antiokupas de 2025?

Aunque el gobierno asegura que los okupas ya no podrán aprovecharse de los vacíos legales, la realidad es que el proceso sigue teniendo trabas y excepciones que podrían alargar los tiempos más de lo esperado. Además, no se aborda el problema de los inquiokupas, un perfil cada vez más común que deja a los propietarios en una situación de indefensión total.

Si bien hay novedades en la normativa, la pregunta clave sigue en el aire: ¿será suficiente para acabar con el problema de la okupación o simplemente añadirá más burocracia? Te lo contamos a continuación.

¿Qué cambios trae consigo la nueva ley antiokupas?

Brevemente, podemos decir que en cuanto a los juicios rápidos y desalojos exprés, los casos de allanamiento y usurpación se tramitarán mediante procedimientos abreviados, con un plazo máximo de 15 días desde la denuncia hasta la sentencia, al menos en la teoría. En situaciones de ocupación flagrante, detectadas en las primeras 48 horas, la policía podrá actuar sin orden judicial.

El procedimiento paso a paso se desarrollará iniciando con la denuncia y recopilación de pruebas en un plazo de 72 horas, seguida de la comparecencia inicial ante el juez también en 72 horas; posteriormente se celebrará el juicio oral, el cual se llevará a cabo 15 días después de la comparecencia, y finalmente se dictará la sentencia en un plazo de 3 días post-juicio.

Por otro lado, se endurecen las sanciones, incrementando las penas por ocupación ilegal, especialmente cuando se produzca con violencia o con fines lucrativos. Por ejemplo, el allanamiento de morada pasará a conllevar penas equiparables a delitos graves, pudiendo imponerse multas de hasta 45.000 € en casos reincidentes, es decir, cuando un okupa intenta ocupar la misma vivienda.

En paralelo, y aunque la ley prioriza la agilidad del proceso, se han incorporado excepciones y salvaguardas para menores o personas en riesgo de exclusión; en estos casos, los servicios sociales evaluarán la situación y, de confirmarse la vulnerabilidad, el desalojo se pospondrá hasta encontrar alternativas habitacionales, algo que en la práctica ya se estaba implementando.

Contexto histórico y antecedentes de la nueva ley antiokupas

En promedio, España registra alrededor de 14.000 casos anuales de ocupación ilegal, al menos los contabilizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asunto que se ha visto favorecido por vacíos legales, como las diferencias entre el allanamiento de morada (vivienda habitual) y usurpación (inmueble vacío o segunda residencia), que hasta ahora permitían a los ocupantes prolongar su estancia mediante recursos judiciales.

De hecho, antes de la reforma, los desalojos podían demorarse hasta 23 meses si incluían apelaciones, dejando a los propietarios en una situación de indefensión, en especial si no contaban con la ayuda de una empresa desokupa.

No obstante, la presión de asociaciones de propietarios y partidos como el PP impulsó la reforma, y curiosamente, la ley surgió de una enmienda del PNV presentada en noviembre de 2024, inicialmente destinada a agilizar procesos judiciales generales.

¿Cuándo entra en vigor exactamente la nueva ley antiokupas de 2025?

La nueva ley antiokupas de 2025 fue aprobada en el Congreso el 30 de noviembre de 2024 y actualmente se encuentra en el Senado. Se espera su publicación en el BOE y, en consecuencia, su entrada en vigor el 3 de abril de 2025, aunque algunos trámites podrían retrasarla hasta junio.

Impacto en los distintos sectores involucrados

En lo que respecta a los propietarios, la nueva ley antiokupas de 2025 ofrece ventajas interesantes. Se prevé una reducción de costes, ya que los procesos judiciales, que anteriormente podían costar hasta 12.000 €, se simplificarán notablemente.

Sin embargo, se mantiene una limitación importante: la ley no aborda el tema de los inquiokupas, es decir, aquellos inquilinos que dejan de pagar el alquiler, situación que sigue siendo motivo de preocupación para muchos propietarios, pero que se puede resolver con la ayuda de empresas desokupa.

En cuanto a inquilinos y colectivos vulnerables, existen riesgos de criminalización. Organizaciones como Cáritas han alertado de que la nueva normativa podría penalizar a familias que ocupan viviendas por necesidad extrema, sin distinguir entre delincuencia y pobreza.

Asimismo, se prevé una tensión normativa con la Ley de Vivienda 2023, ya que mientras esta última prioriza la protección de inquilinos y la regulación de alquileres, la ley antiokupas agiliza los desalojos sin establecer excepciones claras para las personas vulnerables.

¿La ley Antiokupa en España es un caso único? 

Con la aprobación de la nueva ley antiokupas 2025. España se alinea con otros países europeos que ya aplican medidas similares. En Francia, por ejemplo, se contemplan desalojos en 48 horas y multas de hasta 45.000 €, mientras que en Alemania los juicios se realizan en 24 horas y se imponen penas de cárcel para okupas violentos.

En el Reino Unido, por otro lado, la policía puede actuar sin necesidad de orden judicial si hay pruebas concluyentes de ocupación ilegal. Sin embargo, en países como Suecia y Portugal se prioriza la mediación social.

Controversias y críticas

Respecto a la nueva ley antiokupas de 2025, algunos expertos señalan que la misma solo aborda síntomas y no las causas fundamentales de la ocupación, destacando que el 68% de los okupas actúa por imposibilidad de pagar alquileres, según un estudio de la Universidad Complutense.

Por tanto, sin políticas complementarias de vivienda social, la reforma podría incluso exacerbar la desigualdad. Además, aunque la ley promete agilizar los procesos judiciales, los juzgados ya operan a una capacidad del 130%, y abogados advierten que, sin la inversión necesaria en recursos, los plazos podrían no cumplirse.

Por otro lado, en lo que respecta a casos con menores, a pesar de que la ley incluye protecciones para ellos, la aplicación práctica es ambigua. En 2024, el 40% de los desalojos involucraban niños, según datos de UNICEF España, lo que ha generado temores de que la aceleración judicial pueda pasar por alto evaluaciones sociales rigurosas.

Entonces, ¿la nueva ley Antiokupa es una solución definitiva o paño tibio?

No cabe duda de que la nueva ley antiokupas de 2025 marca un hito en la protección de la propiedad privada, aunque su éxito dependerá de si logra o no un equilibrio entre la eficiencia judicial y la equidad social.

Si bien la reforma resuelve problemas inmediatos en la recuperación de inmuebles, aún quedan cosas pendientes, como la escasez de vivienda asequible y la precariedad económica. Tal como señaló el sociólogo Manuel Castells, «una ley contra la okupación sin políticas de inclusión es como apagar un incendio con gasolina».

Ahora bien, no menos cierto es que los propietarios llevan años sufriendo por la posibilidad de no poder recuperar su casa en un tiempo prudencial.